Violencia
El presidente Néstor Kirchner no entiende de inseguridad
Dos motivos le impiden al presidente Néstor Kirchner comprender la problemática de la inseguridad. Su setentismo y el venir de la provincia más escasamente poblada, sostuvo el diario Perfil. El setentismo precisó romantizar el crimen porque la dictadura militar utilizó a la Policía para sus abusos. Y la inseguridad es un fenómeno que crece geométricamente con la cantidad de habitantes. Michael Foucault en su libro "Vigilar y castigar" explica el cambio en la necesidad de seguridad que se produce entre el siglo XVIII y el XIX. Allí se multiplica la profesionalización de las policías, las cárceles y los tribunales por una diferente valoración jurídica y moral generada por el fuerte crecimiento demográfico, la urbanización y la masificación de la propiedad. No era la aristocracia medieval propietaria de castillos amurallados y ejércitos propios quienes reclamaban seguridad, sino el pequeño propietario que ahora eran todos los ciudadanos. Desde el concepto de contrato social, un país nace y subsiste en la medida en que las personas abdican de hacer justicia por sus propias manos y les transfieren ese poder a los hombres de la Ley. A partir de allí, quien comete un delito se convierte en enemigo de toda la sociedad y en traidor a la patria. La herencia maldita de la dictadura militar y nuestras sucesivas crisis económicas contagiaron a nuestro país con la creencia equivocada de que policías y ladrones son dos polos unidos por igual legitimidad en medio de un conflicto inherente a la injusta distribución de la renta. Si la sociedad está mal, el criminal es una víctima de la cuestión social y la Policía es una fuerza de represión al servicio del Estado burgués para mantener esas injusticias. “Los chorros son chorros”, le gritaba el familiar de uno de los dos jóvenes oficiales masacrados en La Plata al gobernador Felipe Solá, a la salida del velatorio. “Nos roban, nos matan, violan a nuestras mujeres y no podemos defendernos: usted tiene el poder, a usted lo votamos, defiéndanos”, terminó el familiar del policía en un tono agudo que más se parecía al llanto que al reclamo. “Los chorros son pobres”, o “también son pobres” o “no pocos también son pobres”, podría pensar –con razón– el gobernador Solá mientras escuchaba la catarsis del familiar. Un silogismo perfecto y dilemático.
Exactamente la misma frase del familiar que reclamaba a Solá, pero en portugués: “Bandidos são bandidos”, aparece en la película Tropa de elite que trata el problema de la inseguridad en Brasil y está batiendo récords de audiencia en ese país. La ideologización de la problemática de la inseguridad es una psicosis dialéctica en la que cae tanto la derecha simplificada de Juan Carlos Blumberg como la izquierda disfrazada de Kirchner. El crimen tiene mil maneras de seducir a los jóvenes pobres pero la pobreza es una de las causas de la inseguridad y no es la única. De la misma forma, la policía tiene componentes corruptos, pero no toda ni mayoritariamente es corrupta. En Brasil, el delito se multiplicó de 12 homicidios por cada cien mil habitantes en 1980 a 26 en 2005 a pesar de que la pobreza disminuyó sostenidamente durante los dos períodos presidenciales de Fernando Henrique Cardoso y los 2 de Lula. Al revés, en "Vigilar y castigar", Foucault explica que en el siglo pasado los delitos contra el patrimonio parecieron reemplazar los crímenes personales y la justicia pasó a ser más severa con el robo, también por la multiplicación de las riquezas y las propiedades que trajo la modernidad. Más bienes generan más deseos: como se ve, el tema es muy complejo como para simplificarlo ideológicamente.
La relación entre inseguridad y demografía no es menor: el Gran San Pablo pasó de menos de 5 millones de habitantes en los años 70 a 20 millones hoy, concentrados en 2.500 kilómetros cuadrados, o sea 8 mil habitantes por kilómetro cuadrado. Similar es la densidad del Gran Buenos Aires de 7 mil habitantes por kilómetro cuadrado, una realidad incomparable con, por ejemplo, la provincia de Santa Cruz donde conviven menos de un habitante por kilómetro cuadrado y todos se conocen. La microfísica del poder. Otro de los problemas de Kirchner con la Policía, no ya la bonaerense sino con todas las del país, pasa por el poder. Foucault habla de “ese poder que se ejerce más que se posee” para referirse a los aparatos e instituciones del Estado que no son el centro del poder sino su capilaridad. La Policía controla la calle, e insubordinada representa un peligro más letal para las aspiraciones de cualquier político que para los delincuentes. Foucault sostenía que junto con el cambio demográfico y urbanístico del siglo pasado, se percibió “que era más eficaz y más rentable vigilar que castigar”. No se trata ya más de encadenar las fuerzas para reducirlas, sino utilizar el poder disciplinario para “enderezar conductas”.
Y quien vigila en una sociedad es la policía. Pero la contaminación que produjo en la Policía bonaerense personajes como el general Ramón Camps, cuyas consecuencias se pueden ver en los juicios al sacerdote Von Wernich o el comisario Miguel Etchecolatz cuyas secuelas se prolongan hasta hoy con la desaparición del testigo Jorge López, confunde al Gobierno. Un ejemplo es la actitud del Presidente frente a la masacre de los tres policías: manifestó su preocupación sobre cómo este hecho pueda afectar las elecciones pero no fue al velorio ni al entierro de las víctimas. Aturdido, confundido y hasta temeroso del contacto directo con los ciudadanos, prefirió aislarse en su ensimismamiento repitiendo la misma conducta frente a casos como el de Cromañón. Y esta vez, la misma crítica le cabe a Daniel Scioli.

Regreso
Nombres para el nuevo gabinete
Aunque todavía el nuevo gabinete es un secreto de estado, ya existen diferentes trascendidos, que hacen conocer diversos nombres al respecto. Por ejemplo, dicen que el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, dejará su cargo, porque no entra en los planes de Cristina Fernández de Kirchner. Sería reemplazado por su antecesor, Guillermo López del Punta, que estuvo en la gestión del ex presidente Eduardo Duhalde y que posee muy buenos lazos con el sindicalista de los camioneros Hugo Moyano. La citada secretaría se encuentra vinculada con los multimillonarios subsidios, que el gobierno del presidente Néstor Kirchner distribuye en los transportistas. Además, López del Punta contaría con el aval del ministro Julio de Vido.

Excedentes presupuestarios
Los manejos sin control del gobierno
Al cabo de sus 4 años de mandato, y fruto de la recaudación fiscal récord que fue sumando en su gestión, el gobierno del presidente Néstor Kirchner consiguió un excedente de casi 50 mil millones de pesos sobre lo presupuestado. Este dinero pudo ser manejado por las autoridades, sin previa aprobación del congreso, que es la institución designada por la constitución argentina para asignar los recursos públicos, expresó la periodista Laura Serra, en un texto publicado, recientemente, en el diario La Nación. ¿Cómo lograron los funcionarios del oficialismo este sobrante de fondos?. Muy sencillo: en cada presupuesto nacional, que el gobierno elevaba al congreso, siempre estimaba una recaudación menor a la que sabía que podía obtener luego a lo largo del año. De dicha manera, lograba un excedente de recursos sobre lo presupuestado (que resultan ser millones), que administraba a su total discreción por medio de superpoderes y los decretos de necesidad y urgencia (DNU), que es la vía más rápida para eludir a los legisladores. El citado mecanismo fue implementado por las autoridades de Kirchner, sistemáticamente, en los presupuestos de 2004 y 2007, y el del año próximo, ya que se anticipa, no será la excepción. Así en sus casi 4 años de gestión, Kirchner administró, sin consultar al congreso, 49.815 millones de pesos de excedente de recaudación, que incluye tanto ingresos positivos, como las famosas contribuciones a la seguridad social. Estos son datos oficiales de la Secretaría de Hacienda que pueden observarse en el capítulo Cuenta de Inversión. El diputado de la CTA-Capital, Claudio Lozano, que llevó a cabo un puntilloso trabajo sobre el tema, narró que, para 2008, el presidente Kirchner dejará en herencia a su sucesor (o sucesora en referencia a su mujer la cuestionada legisladora Cristina Fernández de Kirchner), unos 10.200 millones de pesos de excedente tributario.

El reinado de Néstor Kirchner
La superbanda de Julio De Vido
El chiste está haciéndose popular entre los empresarios. Dicen que a Julio De Vido, el poderoso ministro de Planificación Federal y dueño de la millonaria caja de la obra pública, ya lo bautizaron “celular”. ¿Por qué?. “Porque para hablar primero hay que poner el 15”, se divierte el gerente de una compañía constructora que jura conocerlo al superministro. Es un chascarrillo irrespetuoso, pero refleja el estado de ánimo de quienes por estos días discuten licitaciones, tarifas y otras cuestiones con De Vido, y también con los 5 funcionarios más notables de su cartera: el primo presidencial Carlos Santiago Kirchner, el multidenunciado Ricardo Jaime, el sigiloso José Francisco López, el movedizo Nelson Periotti y el ya consagrado Claudio Uberti. Son el “dream team” de la obra pública y el transporte, manejan 15.700 millones de pesos junto a su jefe -según el último presupuesto- y se multiplican en gestiones subterráneas. Los empresarios no paran de hablar de ellos. Y algunos ya los llaman los sospechosos de siempre, de acuerdo a un informe publicado por el periodista Franco Lindner en la revista Noticias. El más denunciado. Ricardo Jaime, apodado “Richard”, cordobés, karateka de cinturón negro y ex ministro de Educación de Kirchner en Santa Cruz, es el actual secretario de Transporte y blanco preferido de los ataques de la oposición. Acumula una veintena de denuncias judiciales, entre otras supuestas cuestiones por malversación de fondos públicos, abuso de autoridad, cohecho, coacción agravada, incumplimiento de deberes de funcionario público, discriminación laboral y hasta presunto acoso sexual. No sólo lo señalan los rivales del gobierno de Kirchner, sino que lo denunciaron 3 entes de control estatales: la Oficina Anticorrupción, la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y la Auditoría General de la Nación, aunque ninguna de las causas prosperó aún en la Justicia federal. La acusación más recordada es la que lo involucra con el escándalo de las “narcovalijas” de Southern Winds, porque Jaime fue el secretario de Transporte quien subsidió con 60 millones de pesos a esa compañía aérea que traficaba drogas, y que estuvo en la mira de los agentes de la DEA estadounidense. El presidente de Southern Winds, Juan Maggio, explicó que Jaime era su “jefe directo”.
En la mayoría de los casos, las denuncias que enfrenta el karateka son por supuestas irregularidades en las contrataciones directas que realiza su secretaría y por números que no cierran en los millonarios subsidios. Meses atrás, el gerente de una firma del rubro del transporte lo visitó en su lugar de trabajo. Dice que le llevó un portafolios lleno de buenas razones para que Jaime destrabara un aumento de tarifas que ya había sido publicado en el Boletín Oficial, pero que no se hacía efectivo en los hechos. El gerente no quiere que se revele su nombre, pero asegura que en la secretaría de Jaime ninguno de los empleados se sorprendió al verlo llegar con tanto equipaje. “Lo llaman el favor político”, cuenta. Uno trata de hablar con ellos y preguntan: “¿Pero usted ya pagó el favor político?”. Además, el gerente jura que Jaime se mostró tan expansivo que durante la charla le contó intimidades del presidente Kirchner y se vanaglorió de su exótico staff de 7 secretarias, todas con minifalda obligatoria. El funcionario no quiso hablar con Noticias. Pese a las sospechas, el presidente lo respalda y la hermana Alicia K ha compartido actos con él. “Richard” es un intocable que puede llamar a Kirchner a cualquier hora del día o de la noche, alguien que en sus tiempos del sur acompañaba al entonces gobernador en sus escapadas de fin de semana a Comodoro Rivadavia -paraban en el Hotel Austral-, donde solían disfrutar del ocio. Lo que fastidia al presidente, más allá de la andanada de denuncias judiciales contra su subordinado, es que Jaime sea tan poco disimulado: en la muñeca lleva un Rolex de acero y oro de 18 kilates -cuesta unos 9 mil dólares- y en sus manos fulguran 2 anillos también de oro, que hacen juego con la lapicera Mont Blanc con la que firma los subsidios que salen de su caja de 3.350 millones de pesos. Tiempo atrás, un asesor del Presidente le dijo al funcionario en medio de un acto: “Sacate todo el oro de encima, que te da un look mafioso”. Dicen que Jaime acusó el impacto: “¿En serio?. ¿A vos te parece?”.
José Francisco López es secretario de Obras Públicas y dueño de una caja de 3.500 millones de pesos, según el presupuesto del 2006. Sueña con heredar el sillón del ministro De Vido y mientras tanto acumula cabellos implantados en su calva y propiedades nuevas en su declaración jurada: tiene 2 terrenos en El Calafate adquiridos en los últimos 3 años -suman 1.800 metros cuadrados- y otro en Tucumán. En las últimas semanas, su bajo perfil sufrió el asedio de la prensa y la justicia por culpa del caso Skanska, donde se investigan supuestas coimas pagadas por esa compañía sueca a funcionarios del área de López, en el marco de las obras de ampliación del Gasoducto Norte, en Córdoba. La causa apunta contra López, el gerente de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa, y el titular de Energas, Fulvio Madaro, y ya se probó que Skanska le pagó sumas millonarias a Infiniti Group -una empresa fantasma- que habrían servido para “blanquear” los sobornos.
La secretaría de López se hizo famosa en el rubro de los empresarios constructores por algunas costumbres llamativas. Varios de ellos terminan de cerrar los acuerdos con el estado en un discreto despacho del centro porteño, sobre Tucumán 141, donde dicen que negocian con López y el contador Enrique Andrés Galera, apodado “Andy”, quien tiene sus oficinas en este edificio y es presidente de la Cámara de Vivienda. Los hombres de negocios no se atreven a explicar en público en qué consisten esos encuentros, pero dan indicios alarmantes. Meses atrás, la secretaria de esas oficinas del misterioso contador Galera se encontró con un antiguo jefe de ella, un ex diputado santacruceño y opositor a Kirchner. “Ella me contó que estaba con José López y con el tal Galera, y que la pusieron a trabajar ahí, en la calle Tucumán, donde todo el tiempo iban empresarios para arreglar temas de la secretaría”, asegura el ex diputado.
También el escritor Jorge Asís se refirió al contador Galera y a esa oficina en su sitio web, y poco después recibió el llamado desesperado de un empresario, quien pensó que lo habían filmado cuando ingresaba en este edificio. Asís intentó tranquilizarlo, pero el hombre estaba al borde de un ataque de pánico. “Las cosas que dijo son irrepetibles, y además indemostrables”, dice el escritor. “Estaba desbocado, había que pegarle para que se callara”. Noticias llamó al contador Galera, pero no tuvo respuesta. Tampoco López quiso hablar. Un rumor indica que hace algunas semanas hubo un robo en esas oficinas enigmáticas, y que Galera y su staff estaban pensando en mudarse a Puerto Madero para trabajar con más tranquilidad y vigilancia.
Los hábitos kirchneristas en el manejo de la obra pública suman otros testigos. Un importante funcionario de la gobernación de Río Negro explicó cómo sería el modus operandi de De Vido y su secretario López: “Siempre que nos dan una obra para la provincia, piden el 15 por ciento del total en concepto de garantía. Significa que si nosotros no terminamos una obra, esa plata se la quedan, dicen que es la garantía… ¡Pero cuando cumplimos se la quedan igual!”. El funcionario se divierte con el curioso neologismo de “garantía”, tan ocurrente como el del supuesto “favor político” del karateka Jaime. Los voceros del ministro De Vido niegan todo y califican a la historia de disparatada.
El primo K. Carlos Santiago Kirchner, apodado “El Negro”, también trabaja con De Vido y López, a quienes conoce desde los tiempos de Santa Cruz. Es el primo segundo del presidente y subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, un cargo que el Kirchner más famoso inventó por decreto allá por el 2005. La misión de su pariente es ocuparse de la letra chica de las licitaciones de obra pública, es decir que tiene participación directa en el boom de la construcción digitado desde el gobierno, y podría favorecer a unos y perjudicar a otros. El ARI de Elisa Carrió siempre denunció que hay sobreprecios en este rubro, y el ex ministro Roberto Lavagna habló de una “cartelización” de las empresas constructoras, sobre todo las de Santa Cruz, horas antes de que Kirchner lo echara si dar explicaciones.
El enriquecimiento del primo presidencial tampoco ayuda a disipar las dudas: en su declaración jurada admite una fortuna de 3.885.274 pesos. Y de las diez propiedades que figuran en su rendición ante la Oficina Anticorrupción, siete las obtuvo en un solo año, entre diciembre de 2002 y el mismo mes de 2003. Casi siempre vivió de un sueldo del Estado, primero en el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) en Santa Cruz, donde compartía funciones con su amigo José López, y hoy en Buenos Aires. Algunos empresarios que debieron frecuentarlo no salen de su asombro. “En el sur este tipo tenía una pinturería y ahora es millonario”, se desahoga el directivo de una compañía energética. Lo que no sabe el directivo es lo bien que funcionaba esa pinturería, Pinkar: agotaba su stock porque siempre se lo vendía a las constructoras del feudo favorecidas por las licitaciones que el primo Néstor repartía desde su cargo provincial.
Las historias sobre supuestos retornos en el área de la obra pública se multiplican. En julio del 2006, un grupo de empresarios sanjuaninos fueron citados, según cuentan, por alguien que se definió como un funcionario menor del ministerio de De Vido. Uno de ellos asegura que tuvieron que esperar en el lobby de un hotel ubicado a pasos del obelisco, y que apareció un hombre y se llevó lo que habían traído desde su provincia. Al parecer, hacía falta ese presunto incentivo para que el Estado nacional aprobara una partida de 750 millones de pesos para construir 10 mil viviendas en San Juan. El hombre, cuentan ellos, se fue del hotel cargando un pesado bolso deportivo y la obra en cuestión aún no se inició. En el ministerio de Planificación dicen no saber nada al respecto.
El señor del peaje. Claudio Uberti es el titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) y llegó al Gobierno de la mano de De Vido. Manejaba una caja de 239 millones de pesos hasta septiembre pasado, cuando la primera reasignación de partidas decretada por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, lo favoreció con 300 millones más. Así estrenó el gobierno los “superpoderes” que le otorgó el Congreso. Aunque hoy se dedica a los contratos de peajes de las rutas nacionales, Uberti a la vez es un embajador de facto ante la Venezuela de Hugo Chávez, aunque en los papeles ese cargo lo ocupe la ex azafata Alicia Castro. ¿Qué negocios agiliza el funcionario entre kirchneristas y bolivarianos?. El periodista Jorge Lanata, quien lo llama “secretario de cobranzas”, sin explicar por qué, asegura que los empresarios interesados en vender sus productos a Venezuela deben reunirse con Uberti si no quieran que la operación quede estancada en los laberintos de la burocracia. Otros hombres de negocios, del rubro de los peajes, reciben visitas mensuales del funcionario, muy interesado en cómo evolucionan sus cuentas. Con Noticias no quiso hablar.
La fama del operador de De Vido nunca fue buena. Hace 6 meses lo denunció la Auditoría General por supuestas irregularidades detectadas en los contratos de los peajes de rutas. Los informes de la Auditoría señalan que las compañías concesionarias de los corredores viales le adeudaban 824 millones de pesos al Estado cuando vencieron sus contratos en octubre del 2003, y que varias de ellas fueron beneficiadas por el nuevo proceso licitatorio pese a esos antecedentes. De ese modo, asegura la Auditoría, Uberti habría faltado a sus deberes regulatorios. Otro percance: la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, al mando de Manuel Garrido, tiempo atrás le inició una demanda penal por haberse negado a dar información pública a un ciudadano que la requería. El hombre en cuestión, Jorge Zatloukal, le solicitó al funcionario todas las resoluciones que no se hubieran publicado en el Boletín Oficial y la lista de personal de su organismo. Uberti contestó que el OCCOVI “no tiene obligación” de informar nada de eso.
Hay otro antecedente que lo deja mal parado. En enero del 2003, tras el asesinato del empresario pesquero Raúl Espinosa en Puerto Madryn, la Justicia investigó a 2 viejos conocidos del presidente, los dueños de la compañía Conarpesa. Según declaró Lorena Gabarrús, la viuda de Espinosa, esa pesquera había financiado la campaña de Kirchner con fondos no declarados. Entre los recaudadores informales del candidato patagónico, según la viuda, habrían estado De Vido, Rudy Ulloa Igor -el ex chofer kirchnerista reconvertido en empresario millonario- y el propio Uberti. El gobierno siempre lo negó.
El escrachado. El quinto integrante de la superbanda se llama Nelson Periotti y es un viejo colaborador del Presidente, como los demás. Desde la dirección de Vialidad Nacional maneja una caja de 4.100 millones de pesos y tuvo la mala fortuna de que Lavagna lo incinerara en público antes de ser echado del gobierno. Cuando habló de las desprolijidades del oficialismo en el rubro de la construcción, el ex ministro apuntó contra el área de Vialidad que comanda Periotti. Se refirió a 10 licitaciones de rutas que fueron suspendidas por pedido expreso del Banco Mundial, que planeaba financiar el proyecto con un crédito de 200 millones de dólares. A las autoridades del banco les llamó la atención que los presupuestos ofertados por las empresas interesadas fueran tan altos -se habló de sobreprecios de hasta el 60 por ciento- y que se parecieran tanto unas a las otras, como si los competidores se hubieran puesto de acuerdo de antemano. Para colmo, casi todas eran constructoras santacruceñas bien conectadas con el poder. El presidente, furioso, negó la evidencia a los gritos cuando estuvo a solas con Lavagna. Horas después le pidió la renuncia.
Hay una cuestión que también involucra a Periotti y tiene que ver con otro expulsado, Sergio Acevedo, el ex gobernador de Santa Cruz. Hace un año, el director de Vialidad viajó de urgencia al feudo kirchnerista para entrevistarse con el rebelde Acevedo. Lo acompañaba José López, el secretario de Obras Públicas y conocido del contador Galera. El gobernador no quiso recibirlos y pocas horas después debió renunciar a su cargo. ¿Qué había ocurrido? Acevedo les contó a sus amigos que él no estaba dispuesto a pagar una supuesta coima de 30 millones de pesos por una obra licitada por el gobierno. “Parece que los muchachos querían que esa plata saliera de la caja de la provincia”, explica un confidente del ex gobernador. “Sergio se volvió loco. No sólo tenía que hacer la vista gorda, encima tenía que pagar él”. El supuesto beneficiario de esa obra habría sido el empresario Lázaro Báez, un ex funcionario kirchnerista al que la oposición sindica como el testaferro del presidente.
El descontrol. Los 5 mil millones de dólares de presupuesto de la cartera de De Vido se manejan sin rendirle cuentas a nadie. Al frente de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) está la mujer del superministro, Alessandra “Lali” Minnicelli, quien también en los tiempos patagónicos controlaba a su marido. Además, hay testigos presenciales que aseguran que ella a la vez tendría un escritorio en el despacho de De Vido, algo incompatible con su función de auditora. El hermano de “Lali” y cuñado de De Vido, Claudio “El Mono” Minnicelli, era otro que rondaba a los empresarios deseosos de negociar con el estado hasta que su alto perfil y su casamiento a todo trapo con una conejita Playboy, Celina Rucci, desembocaron en su expulsión del “dream team” kirchnerista. Facundo De Vido, el hijo del ministro, tiempo atrás le contó a Noticias que Minnicelli “les pedía cosas a algunos empresarios” en nombre de su cuñado poderoso. Pero no quiso entrar en detalles.
¿Quién quiere escuchar hablar de corrupción en un contexto como el actual, con varios años de crecimiento tras la debacle económica más grave del país? La percepción sólo se vuelve palpable en círculos empresarios y políticos, al tiempo que sigue bajando la calificación de la Argentina en el ránking de Transparencia Internacional, donde hoy está peor ubicada que en los años 90. Pero nada de eso trasciende aún al gran público, que sólo quiere vivir la fiesta kirchnerista y abuchea a quienes intenten aguársela. De Vido y sus “sospechosos de siempre” siguen sumando escándalos y esquivando denuncias. Y pese a todo, se sienten protegidos. Los sostiene el presidente.

Secuestros extorsivos
FARC entrena a delincuentes argentinos en Paraguay
Narcoguerrilleros de las Fuerzas Armadas Republicanas de Colombia (FARC), que están muy ligadas al presidente venezolano Hugo Chávez, entrenan a secuestradores oriundos de Argentina, Paraguay y Brasil, en el interior del suelo paraguayo. Esos delincuentes argentinos luego llevan a cabo raptos extorsivos tanto en Paraguay como en territorio argentino, principalmente en la provincia de Buenos Aires como consecuencia del fracaso de las políticas, implementadas desde el ministerio de Seguridad bonaerense, que conduce León Arslanian. En dicho conjunto de individuos, también se encuentran miembros del peligroso grupo de hampones brasileños conocido como Primer Comando de la Capital (PCC), que azota a ciudades de la costa atlántica de Brasil y que maneja, desde el interior de las cárceles del país, una serie de negocios ilegales como la venta de drogas y el tráfico de armamento. Los funcionarios opinan que una parte de estos estupefacientes y de esas armas se comercializan en villas de emergencia de la provincia de Buenos Aires, con protección de los uniformados de la Policía Bonaerense. Los maleantes argentinos que viajan al vecino país están emparentados con la piratería del asfalto, la venta de cocaína y marihuana, y el robo de vehículos.

Al respecto, el magistrado Federal Odilón de Oliveira, de la región de Campo Grande, en el estado de Matto Grosso, sostuvo que tiene en su poder un video, en el cual aparecen claramente imágenes de esos entrenamientos, concedidos por los miembros de las FARC en zonas de Paraguay. El juez afirmó que el video en cuestión le fue distribuído a malvivientes argentinos, paraguayos y brasileños, a la vez que se encargó de calificar al PCC de ser una de las organizaciones de terroristas más poderosas de América Latina, sumamente relacionada a gente de la guerrilla colombiana. Se sabe que en la República Argentina, los individuos que efectuaron los raptos extorsivos del estudiante Cristian Eduardo Schaerer, el 21 de setiembre de 2003 en un barrio de la capital de Corrientes, y el suceso padecido por la empresaria Patricia Nine, en 2004 en jurisdicción de la localidad bonaerense de Moreno, recibieron asesoramiento de los integrantes de las FARC que se manejan libremente en Paraguay.

Más detalles
Tareas de espionaje de alto nivel
Días pasados, el periodista Gerardo Young publicó en el diario Clarín una interesante nota referente a las actividades en Argentina de diversas empresas de seguridad extranjeras, integradas por ex espías de la CIA (la agencia de Inteligencia de Estado Unidos) y del Mossad (el Servicio de Inteligencia de Israel). A continuación, nosotros les ofrecemos a ustedes dicho informe, el cual hemos reproducido textualmente: Frank Holder, Hen Harel, Ross Newland, David Manners, Ariel Seipfetz y más. Son nombres que poco o nada dicen a los argentinos. Se entiende, porque todos ellos trabajaron en nuestro país como agentes secretos de los servicios de inteligencia de Estados Unidos o Israel. Ahora se dedican a un negocio casi tan sigiloso como sus viejas misiones oficiales: el de las agencias de seguridad e inteligencia VIP, un mercado exclusivo para ricos y poderosos.
Empresarios o multimillonarios, embajadas, empresas de alta tecnología o mercados sensibles como los aeropuertos, los bancos o los servicios de comunicaciones, conforman las carteras de clientes habituales de estas agencias internacionales, cuyo mercado parecía haberse desintegrado junto a la crisis del 2001 y ahora retorna con toda la fuerza. Según dicen en las propias agencias, la facturación total de este negocio tan particular ronda hoy los 25 millones de dólares anuales. Compiten por esa torta dos agencias de origen estadounidense (Kroll y Holder), más una de origen israelí (SIA) y una cuarta que está por entrar al mercado y que reúne al empresario uruguayo Juan Navarro con un ex delegado de la CIA en Buenos Aires.
“Nuestra experiencia no parte de hipótesis de conflicto, sino de conflictos reales”, grafica Ariel Seifetz, director de Inteligencia de la agencia SIA, integrada por ex agentes del Mossad y otros organismos de Inteligencia y seguridad de Israel. Esa experiencia de hombres criados en conflictos bélicos de primer mundo, es lo que venden estas agencias para diferenciarse de las empresas de seguridad domésticas. Y se traduce en los trabajos que hacen: custodias personales para millonarios; investigaciones sensibles sobre inversiones; auditorías de seguridad; controles de hackers; rastreos de lavado de dinero; detección de micrófonos ocultos; y también, aunque no lo admitan, espionaje industrial y político.
Se presentan como Agencias o consultoras de seguridad e investigaciones, pero estas empresas están pensadas y estructuradas como los servicios de espionaje: compran informantes; se filtran en bancos de datos oficiales y privados; roban la basura de sus objetivos para revisar sus papeles más íntimos; hacen seguimientos personales y también, en algún caso, interfieren teléfonos o colocan cámaras ocultas. “Las capacidades existen y están disponibles. Que se haga o no, depende de lo que pida el cliente y del límite que pongamos nosotros”, admite el directivo de una de las agencias.
Entre los servicios que reconocen en público, ofrecen estudios de mercado para empresas extranjeras y asesoramiento a empresas locales para ingresar en negocios desconocidos. También ayudan a los empresarios a saber si tienen empleados desleales, qué está pasando en el Congreso con leyes que pueden afectar sus negocios o a anticiparse a licitaciones públicas y futuras medidas de gobierno que puedan perjudicarlos. Con mayor sigilo, también hacen investigaciones sobre empresas rivales, para lo que acceden a sus balances y, en algún caso, hasta se meten en sus sistemas informáticos.
Las auditorías son otra pata importante del negocio. En la última elección legislativa, de octubre del año pasado, uno de los principales candidatos contrató a una de las agencias para que controlara a todos los que iban a tener contacto con los fondos de la campaña. Ni el candidato pudo saber en qué consistía el trabajo, pero incluyó la intervención de correos electrónicos y hasta la colocación de un falso militante entre los auténticos, para poder controlarlos de cerca.
Los valores del mercado son elevados porque sus clientes tienen cómo pagarlo y también mucho para perder. Para custodiar a un empresario top y a su familia, pueden llegar a cobrar un millón de dólares al año, si incluye la vigilancia de sus propiedades y planes de contingencia ante secuestros extorsivos u otras situaciones de riesgo. Esa es una de las especialidades de SIA, la agencia israelí, cuyo director, Hen Harel, fue jefe de seguridad de las embajadas de Israel en Brasil y en Rusia.
Un clásico de estos últimos años son las auditorías de los servicios de seguridad en empresas y en countries. Para esto, las agencias cobran no menos de mil dólares por día de trabajo. Pero no es sólo cuestión de ir y criticar a los pobres vigiladores que pasan horas en la entrada de los barrios más top. Una de las agencias citadas en este informe, se mete sin permiso en los countries que la contratan, saca fotos de las casas desde el jardín y a las mujeres tomando sol al lado de la pileta. “La mejor manera de comprobar un sistema de seguridad es vulnerarlo”, se justifican.
Ninguna empresa admite que coloca micrófonos o cámaras ocultas, salvo para espionajes de fraudes dentro de las empresas que los contratan. Pero todas, eso sí, se dedican a quitarlos. Un servicio, que cuesta unos 5 mil dólares por mes, consiste en limpiar de aparatos espías las salas de directorio de las grandes compañías. Pero hay una lógica contra la que no pueden las desmentidas: si encuentran micrófonos, es porque alguien los puso antes. ¿Quiénes? Hay ejemplos. La firma Kroll, hoy en día la mayor agencia de detectives del planeta, en el 2004 fue denunciada en Brasil porque se detectó que había pinchado teléfonos y seguido de cerca a dos de los principales ministros del presidente Lula Da Silva. El jefe de investigaciones de Kroll argentina, Matías Nahon, aseguró a Clarín que ese incidente “marcó un quiebre en la historia de Kroll” y que por eso “ya no se hace nada vinculado a la política”.
Frank Holder, ex hombre de la CIA en Buenos Aires, fue el precursor de este negocio en el país desde Kroll y este año abrió su propia agencia, Holder International. En el 2001, fue denunciado por el diputado mendocino Gustavo Gutiérrez, ya que Kroll lo había investigado por un supuesto desmanejo con subsidios provinciales. Para él, son apenas gajes del oficio.
Los espionajes no se admiten pero los hay a montones. ¿Y qué hace el Estado? Todas las agencias consultadas por Clarín coincidieron en que no hay controles serios. “Se nos controla a través de la AFIP, como a cualquier empresa, y como empresa de seguridad se nos exigen controles sobre el personal de seguridad. Pero sobre las áreas de consultoría o investigaciones no hay requerimientos”, reconoce Holder y coincide Nahon, de Kroll. En ambos casos, aseguran que a ellos les convendría un mayor control, ya que en el mercado existen muchas microempresas dedicadas al espionaje, menos famosas y, quizá por eso, más impunes.
Tanto Kroll, como Holder International como SIA, tienen en común que están formadas por capitales extranjeros, que tienen sedes en distintas partes del mundo y que sus padrinos son, siempre, ex espías nostálgicos de la Guerra Fría. Kroll fue hija de ex agentes de la CIA desocupados después de la caída del muro de Berlín. SIA es invento de ex agentes del Mossad y Holder emula esas historias con la suya propia. A estas empresas se les sumará en breve una cuarta, Dilligence, que compró recientemente el empresario uruguayo Juan Navarro y que administra Ross Newland, un “gringo” que fue delegado de la CIA en Buenos Aires.
¿Por qué llegan estas empresas a la Argentina?. Según Hen Harel, director de la israelí SIA, “en todos los países industrializados hay al menos dos o tres agencias de este tipo. La pregunta sería, ¿por qué no en Argentina?”. Holder también ve razones de oportunidad: “Hay más liquidez en Argentina, más inversión interna y externa, y muchas empresas cambiadas y cambiándose de manos. Es un lindo mercado”.
Kroll se estableció en 1996 y desde entonces se quedó, gracias a que tiene mayor respaldo internacional. Según Nahon, durante la crisis sobrevivieron trabajando para afuera. “Fue un buen negocio porque los costos nuestros eran en pesos. A partir del 2003, ya se empezó a reactivar fuerte el mercado interno”.
La crisis había desplazado a al menos 2 agencias de estas características. Una era Universal Control, propiedad de ex agentes de la CIA en sociedad con Rodolfo Galimberti, ahora dedicada a los negocios de software. La otra era Smith Brandon, de ex directivos del FBI, que no soportó el desmadre económico.
Pero aquí están, otra vez. Con sus informantes a sueldo, sus equipos de espionaje y de contraespionaje, sus historias repletas de misterio, listos para seguir acumulando aventuras de esas que no se atreven a contar.

Corrupción del kirchnerismo
Las manipulaciones de la Casa Rosada
Néstor Kirchner está ganando, pero no está bien. Una vaga sombra de fatiga y de enfado parece seguir al presidente en sus apariciones públicas, sostiene el periodista Joaquín Morales Solá en el diario La Nación:. No le faltan argumentos. Un caso de corrupción, el de la empresa sueca Skanska, produce imprevistos estallidos de escándalo aquí y allá. El mencionado asunto explotó en los despachos de funcionarios de su preciado Ministerio de Planificación. ¿Dónde caería si no, si en esa cartera se hacina casi todo el robusto gasto público del Estado?. El caso se refiere a la construcción de dos enormes gasoductos, uno en el norte y otro en el sur, financiados con recursos de los famosos fideicomisos de Julio De Vido. ¿Qué tienen que ver Jorge Telerman y Marcelo Tinelli con la construcción de gasoductos en los extremos geográficos del país? El jefe de gabinete, Alberto Fernández, ventiló en el más representativo recinto parlamentario de la Nación un anónimo -que no tiene nada de anónimo- que señalaba que había en esa causa facturas dudosas de publicidad, ordenadas por el gobierno de la ciudad, para ser emitidas por la productora del popular conductor. El gobierno mandó primero a sus sabuesos a husmear en la causa Skanska, que investiga el juez López Biscayart, y posteriormente hizo las constataciones a través de los abogados de la AFIP. La AFIP es querellante en esa causa que empezó como una investigación de evasión de impuestos y se topó, sin querer, con presuntos sobornos. El gobierno siguió hurgando hasta que encontró aquellas facturas de publicidad, que tramitó una de las empresas allanadas en los últimos tiempos. Hay, sin duda, una obsesiva preocupación de la administración por este caso. Sí. ¿Y qué? Nos están acusando de ladrones, dijeron los laderos presidenciales. Supongamos que esa relación publicitaria debería ser sometida a una investigación judicial. La oficina de contralor del gobierno porteño estableció que la publicidad había sido emitida, que se había pagado a precio de mercado, aunque más barato que el que se pagaba con anterioridad, y que la empresa en cuestión, Sol Group, existe desde los años 80. Está inscripta en la AFIP y en el registro nacional de empresas. No importa. Sigamos suponiendo que este trato publicitario merece una revisión por parte de una instancia imparcial. Pero ¿qué vinculación habría, aun en este caso, entre Telerman y Tinelli con los gasoductos que están muy lejos de ellos? Que se sepa, al menos, ninguno de los dos está interesado en aumentar la oferta de gas en el norte ni el sur. La relación publicitaria entre ellos podría ser motivo de otra investigación, pero Fernández estaba respondiendo sobre el caso Skanska cuando meneó el improbable anónimo en el recinto de los diputados. Durante 24 horas se habló más de Telerman y de Tinelli que de Skanska. Misión cumplida.
Un día después no sólo retrocedió Tinelli frente a Fernández, a quien le había hecho el más largo y preciso listado de reproches que éste hubiera recibido. También Fernández aclaró que Telerman pudo no estar enterado de los menesteres publicitarios de su gobierno. ¿Para qué tanto escándalo, entonces? ¿Por qué el jefe de gabinete no se limitó al caso en el que hay un preso que declaró ante el juez que funcionarios de Planificación pudieron haber recibido sobornos, aunque no lo aseguró? ¿Por qué, en todo caso, no hizo una separación entre lo que compromete a su gobierno y la acusación a Telerman?. La otra línea de acción de gobierno fue la de denunciar que el caso Skanska fue un acto de corrupción entre empresas privadas. El propio Kirchner lo aseguró en público. Los fondos del fideicomiso son administrados por Energas, una empresa que depende del Ministerio de Planificación. La dueña mayoritaria de la Transportadora de Gas del Norte (TGN) es la compañía Techint, quizá la empresa argentina más poderosa con inversiones en petróleo, siderurgia y construcciones. La vinculación de Techint con el escándalo venía siendo deslizada por funcionarios entre susurros. El líder de la empresa, Paolo Roca, suele integrar la delegación presidencial cuando Kirchner viaja al exterior. Techint recibió presiones en su momento para que no apoyara la candidatura presidencial de Roberto Lavagna, por quien -según el kirchnerismo- la empresa sentiría cierta simpatía. Fernández, en cambio, nombró a Techint, sin pelos en la lengua, en pleno recinto de los diputados. Dijo más: el funcionario denunció que un directivo de Skanska, despedido de esta empresa en medio del reciente escándalo, había sido designado en el acto en un alto cargo por la propia Techint. De acuerdo con la línea de su discurso, Energas reclamaba que se cumpliera con el primer presupuesto para las obras del gasoducto, un 150 por ciento más barato, pero TGN y Techint se manifestaron impotentes para conseguir concesionarios con ese módico precio. Aseguró que varias veces Energas había pedido que se convocara a nuevas consultas de precios y que todas las posteriores respuestas de la empresa decían lo mismo: ninguna propuesta bajaba de una altísima cotización.
Las cartas reveladas por el diario La Nación contradicen este discurso. Fue la empresa la que reclamó al gobierno por la sobrevaluación de la obra y la que pidió que se declarara desierto el concurso de precios cuando tomó nota de sus desorbitados montos. Fue el propio Energas, según el documento que tomó estado público, el organismo que ordenó hacer la mencionada obra con un precio satelitalmente superior al presupuestado. Hay que hablar de lo que pasó y no de Tinelli. Es probable que Tinelli no haya estado ni siquiera enterado de que hay nuevos gasoductos. Telerman cayó en la polvareda porque su aliada Elisa Carrió lo viene corriendo al gobierno con el caso Skanska. Es ella la que nos cansó , se sinceraron en la cima. Pero Kirchner, con su extraña habilidad para potenciar adversarios, terminó creando una opción asombrosa e imprevisible: ahora es Kirchner contra Telerman disputando el distrito más antikirchnerista del país.
Mauricio Macri tiene derecho a sentirse desdeñado por la invectiva del gobierno nacional; él se sentía depositario natural de esos provechosos arrebatos electorales del kirchnerismo. Aunque fuera un consuelo inconducente, la conclusión es que Kirchner ya tomó la decisión de que prefiere a Macri antes que a Telerman en la Capital. Ve en Macri a un adversario menos audaz y, en cambio, observa junto a Telerman un proyecto nacional con más envergadura. Quizás Kirchner no sabe todavía lo que quiere, pero ya empieza a saber lo que no quiere.
Además, debió ceder en Santa Cruz antes de que ese incendio lo quemara a él mismo. El triple rasero de la inflación tampoco lo está ayudando al presidente. El Indec sólo mide las marcas de tercera calidad y virtualmente liberó los precios de las primeras y segundas marcas. Para eso, debió matar al mensajero, el propio Indec, y pagar un precio político y social muy caro. La inflación de las góndolas es muy distinta del paraíso que describe el Indec. Y Guillermo Moreno tiene 2 problemas: ya no asusta a nadie y, encima, el gobernador Felipe Solá lo acusó públicamente de liderar una patota de violentos en el Mercado Central que lo agarró a patadas al propio delegado del gobierno bonaerense en el Mercado, Ricardo Angelucci, quien habría presentado su renuncia luego de la golpiza. Todas las encuestas, aun las que están muy lejos del gobierno, aseguran que los Kirchner retendrán el poder en octubre. Eso es tan cierto como la inocultable presencia de los desencantos y la fatiga.